El 11 de marzo de 2018, el empresario conservador Sebastián Piñera regresó triunfante a la presidencia de Chile que ya había ocupado de 2010 a 2014. El inicio de su segundo mandato se interpretó como una muestra más del éxito del modelo neoliberal del que, hasta ese momento, este país era puesto como ejemplo a nivel mundial.
Pero, contra todos los pronósticos, terminó representando su fracaso.
Cuatro años más tarde, Piñera deja el Gobierno con escasos niveles de popularidad que rondan el 25 % –en su peor momento, estuvo por debajo del 10 %– y un balance negativo que supera el 60 % por parte de una ciudadanía que se sumergió en una vorágine de cambios trascendentales que eran impensables el día que uno de los hombres más ricos del país se colocó por segunda ocasión la banda presidencial.
A fuerza de inéditas protestas sociales, que en principio minimizó y que después reprimió con suma violencia, Piñera fue forzado a realizar un plebiscito para que la sociedad dijera si quería o no que se redactara una nueva Constitución que sustituyera a la que había dejado Pinochet.
La respuesta abrumadora fue por el "sí". De ahí surgió la Convención Constitucional, formada en su mayoría por nuevos liderazgos políticos progresistas y de izquierda, que este año terminarán de redactar la nueva Carta Magna que ofrecerá otro marco legal al país.
El estallido social de fines de 2019 reveló las profundas desigualdades que padecía la sociedad chilena y hundió al Gobierno en una atmósfera de debilidad de la que ya nunca pudo recuperarse, ni siquiera con la exitosa campaña de vacunación contra el coronavirus que, junto con el inesperado impulso al matrimonio igualitario, son algunos de los escasos aportes de esta gestión.
Con Piñera al frente, la derecha tradicional perdió todos los procesos electorales: el plebiscito, las elecciones de convencionales y gobernadores regionales y, finalmente, las presidenciales.
La escasez de votos fue la mayor muestra del derrumbe de la figura de un presidente a quien sus colegas de la derecha regional dejaron de citar como modelo. Ya no les conviene.
El segundo mandato de Piñera, quien, al igual que la primera vez recibió el poder de manos de Michelle Bachelet, inició en marzo de 2018 en un momento en el que la derecha y ultraderecha estaban fortalecidas en la región. Enrique Peña Nieto, en México; Mauricio Macri, en Argentina; Michel Temer, en Brasil; Juan Manuel Santos, en Colombia; y Lenín Moreno, en Ecuador, eran algunos de sus principales exponentes.
Ese mismo año, el triunfo de Andrés Manuel López Obrador en México, en su tercera postulación, osciló de nuevo el péndulo político regional. La izquierda o el progresismo recuperaron terreno y, en 2019, el peronista Alberto Fernández ganó en Argentina, pero semanas después Evo Morales padeció un golpe de Estado en Bolivia.
Para entonces, Chile ya estaba en llamas.
A fines de octubre de ese año, estudiantes adolescentes se habían rebelado al alza de los pasajes del transporte público decretada por el Gobierno. Comenzaron saltando los torniquetes del metro en la ciudad de Santiago. Vestidos con sus uniformes, se juntaron, gritaron, cantaron y del metro salieron a tomar las calles. En las semanas siguientes, la protesta se contagió y replicó en inéditas e imparables movilizaciones masivas en la capital y en el resto del país. Y pusieron en jaque a Piñera.
La inconformidad social, que había estado latente durante tanto tiempo, estalló. La respuesta de Piñera fue a pura represión, como lo demuestran los informes de la ComisiónInteramericana de Derechos Humanos y el que presentó la propia Bachelet desde su puesto como Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos.
Decenas de muertos, cientos de heridos, detenciones arbitrarias, el uso indiscriminado de gases lacrimógenos, golpes, balas de goma y disparos de municiones directo a los ojos de manifestantes pacíficos son solo una muestra de la violencia institucional que ejercieron las fuerzas de Seguridad y que le valieron a Piñera denuncias por delitos de lesa humanidad.
En un afán de contrarrestar las críticas y de recuperar popularidad, Piñera se amparó en las premisas conservadoras en pos de "la seguridad" para justificar la represión a las protestas sociales y, por otra parte, reforzar la discriminación y estigmatización contra los pueblos indígenas. Así, en lugar de resolver por la vía política la compleja crisis que arrastra La Araucanía, dictó un estado de emergencia para prevenir "la violencia y el terrorismo" con una militarización a la que el presidente electo, Gabriel Boric, ya aseguró que pondrá fin.
La debacle de Piñera en 2019 parecía inevitable, tanto, que se puso en duda su continuidad como presidente. Pero el empresario contuvo el desafío más grave de su Gobierno (y del país en los últimos 30 años) al aceptar la realización de un plebiscito sobre la Constitución que, luego de un par de postergaciones por la pandemia, finalmente se concretó el 25 de octubre de 2020.
El triunfo del "sí" representó el inicio de las derrotas electorales que tendría que enfrentar un Gobierno que, de manera paradójica, encontró un respiro en la pandemia. A lo largo de 2020, Piñera logró contener las protestas gracias al toque de queda que impuso para restringir la circulación. Otra vez, se replicaron las violaciones a los derechos humanos.
Luego llegaron las vacunas y, entonces sí, Chile se convirtió en un ejemplo internacional. La inmunización avanzó en tiempo récord y palió una crisis interna que, sin embargo, no cesaba y que se reflejó, por ejemplo en el cambio de ministro de Salud en plena pandemia.
Acosado por la escasa aprobación hacia su gestión, Piñera sorprendió a aliados y opositores en junio del año pasado, cuando presentó su último informe de Gobierno, que en Chile es conocido como "cuenta pública".
Ahí, anunció que era el momento de aprobar el matrimonio igualitario, un tema siempre polémico que hasta ese momento no formaba parte del debate público, ya que una iniciativa presentada por la expresidenta Michelle Bachelet desde 2017 se mantenía paralizada en el Congreso.
La noticia desconcertó a la sociedad chilena, ya que nadie esperaba que el político de derecha respaldara y considerara urgente una reforma largamente impulsada por el progresismo, que contraviene sus posturas ideológicas y sobre la que siempre se había mostrado en contra.
Pero lo hizo. Seis meses después, el Congreso aprobó el matrimonio entre personas del mismo sexo y puso fin a un complejo proceso parlamentario que, sin el respaldo del presidente, no hubiera tenido éxito.
El matrimonio igualitario fue uno de sus escasos logros políticos, porque Piñera apostó a que no se redactara una nueva Constitución, y perdió. Luego intentó tener mayoría en la Convención Constitucional para imponer o bloquear iniciativas, y tampoco lo logró. En esa misma elección, perdió gran parte de los gobiernos regionales, alcaldías y concejalías.
Los tres retiros de pensiones y jubilaciones representaron otra derrota legislativa. Más tarde, vinieron las primaria presidenciales y su candidato, Joaquín Lavin, fue vencido de manera sorpresiva por Sebastián Sichel, quien, a su vez, durante las campañas perdió terreno frente a José Antonio Kast, quien se presentó exitosamente como la disidencia de los sectores de derecha.
Sin otra alternativa, el Gobierno de Piñera no tuvo más alternativa que apoyar a Kast, quien terminó perdiendo la elección frente al izquierdista Gabriel Boric.
En plena campaña presidencial, además, estalló el escándalo de los Papeles de Pandora, la investigación internacional que reveló que Piñera y su familia tenían mayoría de acciones en Minera Dominga, una empresa que vendieron y por la que obtuvieron ganancias millonarias gracias a una transacción realizada a través de guaridas fiscales siempre sospechadas de evasión fiscal y lavado de dinero.
Otra vez, la indignación en su contra se reavivó, junto con los reclamos de juicio político o renuncia. La prensa recordó que el presidente era uno de los hombres más ricos de Chile y que su fortuna rondaba los 2.900 millones de dólares en un país en el que gran parte de los ciudadanos padecía pobreza y una creciente desigualdad producto de la privatización de servicios de salud o educación. Los intentos de destitución no prosperaron en el Congreso, pero la tensión política de esos meses y la condena social fue inevitable.
Piñera no tuvo respiro ni siquiera en la recta final de su mandato. En enero, a menos de dos meses de entregarle la banda presidencial a Boric, otra vez enfrentó una crisis política cuando un reportaje de canal 13 reveló que, de los 19 ministros que integran su gabinete, sólo cuatro estaban trabajando en plena transición de Gobierno.
Aunque en Chile era periodo de vacaciones debido al verano austral, lo que llamó la atención fue que por primera vez tantos funcionarios dejaban sus puestos de manera simultánea. Además, hacía sólo unos días el canciller Andrés Allamand había renunciado debido al escándalo que provocó por realizar un viaje oficial a Chile en lugar de atender la grave crisis humanitaria migratoria que en ese país está siendo respondido con incesantes y violentas protestas xenófobas, y que también forman parte del legado piñerista.
La oposición comparó al Gobierno como "un barco abandonado", aunque, en realidad, Piñera comenzó a naufragar desde las protestas de 2019 y jamás pudo reencauzar el timón. Apenas si sobrevivió.
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