En Argentina tienen un dicho que usan de manera recurrente: "De eso, no se vuelve".
Se refieren a alguien que dijo una frase deplorable, que adhiere a ideas antidemocráticas, que aplica políticas nocivas o comete daños irreparables.
Pero, en realidad, tiene más que ver con una expresión de deseos que con la realidad. Porque se podría pensar que los políticos que participaron en un Gobierno que provocó una grave crisis económica, social e institucional, y que dejó a un país sumido en la ruina, no tienen futuro posible. Que de eso, de verdad, no se vuelve.
Y sin embargo, volvieron.
Estos días, Argentina está inmersa en los recuerdos y conmemoraciones de diciembre de 2001, aquel aciago mes que está impregnado en su historia porque implicó una devastación con secuelas traumáticas que persisten y que rememoran las lágrimas y desesperación de miles de personas a las que el Estado, en complicidad con los bancos, les confiscó sus ahorros; la circulación de múltiples 'cuasimonedas' (bonos que sustituían a los pesos); las asambleas barriales en las que los vecinos se organizaban; las ollas populares en las que se priorizaba la alimentación de los niños; los trueques en los que, a falta de dinero, se intercambiaban bienes y servicios; los cacerolazos, las represiones que dejaron 38 muertos, el desfile de cinco presidentes en una semana.
La crisis le costó el cargo a Fernando de la Rúa, el presidente que había asumido hacía solo dos años. Le faltaba cumplir la mitad de su mandato pero la impericia demostrada hizo insostenible su permanencia en la Casa Rosada. Despreciado por la mayor parte de la población, padecía una soledad política absoluta.
De la Rúa dejó a un país quebrado. Encabezó un Gobierno plagado de funcionarios que hacían competencia de insensibilidad social. Que imponían espejismos económicos, que justificaban recortes a planes sociales, a jubilaciones. Que defendían las represiones. Y que jamás se hicieron cargo de su responsabilidad en la debacle.
Uno de los mayores ejemplos es el de Domingo Cavallo, quien, como ministro de Economía de Carlos Menem impuso la llamada "convertibilidad" que durante una década equiparó al peso argentino con el dólar. La paridad, insostenible dada la fragilidad de la economía argentina, se convirtió en una de las bombas de tiempo que detonó en diciembre de 2001.
El 20 de marzo de ese año, después de una intensa campaña mediática que lo posicionaba como el "salvador" del país, Cavallo fue convocado por De la Rúa para hacerse cargo, de nuevo, del ministerio de Economía. Los meses siguientes fueron cuesta abajo, hasta que el 3 de diciembre anunció limitaciones a la extracción de los depósitos bancarios. El tristemente famoso "corralito".
La confiscación de los ahorros aceleró el desastre. Cavallo y el resto del gabinete renunciaron el 19 de diciembre. Al día siguiente, De la Rúa abandonó en helicóptero la sede presidencial. El resultado de su gestión fue un país que alcanzó el 66 % de pobreza, 21,5 % de desempleo, 30 % de recesión y una deuda de más de 144.000 millones de dólares y que representaba el 53 % del Producto Interno Bruto. Todas las cifras eran récord, las peores en la historia argentina.
Desde entonces, Cavallo enfrentó una serie de causas judiciales: por contrabando y tráfico de armas a Ecuador y Croacia (terminó absuelto gracias a la tardanza de la Justicia, que en dos décadas no llegó a una condena firme); por el megacanje de la deuda (que en los hechos implicó un fraude que endeudó aceleradamente al país; también fue absuelto); por el pago de millonarios e ilegales sobresueldos a funcionarios públicos (en 2015 fue condenado a tres años y medio de cárcel, pero la condena todavía no está firme); y por la venta fraudulenta de un terreno estatal (está a punto de prescribir).
El impacto de la gestión económica de Cavallo todavía lo están pagando millones de argentinos. Pero el exministro sigue libre, beneficiado por un Poder Judicial experto en demorar sentencias contra políticos, y por un grupo de medios que, de manera inaudita, se han dedicado a lavar su imagen. A reivindicarlo.
Hoy, a 20 años de la gran crisis de 2001, Cavallo sigue siendo entrevistado en radios, canales de televisión y periódicos que lo consultan y lo entrevistan de manera amigable, sin cuestionar la responsabilidad que tuvo en la ruina del país. A diario se atreve a dar recomendaciones económicas que son reproducidas como si tuviera algún tipo de autoridad.
Como si aquí no hubiera pasado nada.
Lo mismo ocurre con Ricardo López Murphy, exmilitante de la Unión Cívica Radical y uno de los críticos más persistentes del peronismo que durante el Gobierno de la Rúa fue polifuncionario: ministro de Defensa, de Economía y de Infraestructura y Vivienda.
Su gestión en Economía fue apenas una muestra más de la debilidad del Gobierno. López Murphy encabezó el Ministerio más importante de esa época solamente durante 15 días, del 5 al 20 de marzo del 2001, pero fue tiempo suficiente para que aplicara un drástico ajuste del gasto público (la tradicional exigencia del FMI) que implicó recortes a jubilaciones, becas estudiantiles, programas sociales y subsidios, más el despido de miles de trabajadores estatales y el aumento del IVA. Trató, sin éxito, de recortar un 5 % el presupuesto para Educación. Ya no le dio tiempo porque las protestas sociales lo forzaron a renunciar.
Un año más tarde, con el Gobierno de De la Rúa terminado, López Murphy creó otro partido con el que, ya para 2003, se postuló por primera vez a la presidencia. Alcanzó el 16 % de los votos, una cifra nada desdeñable dado su reciente historial político, pero en 2007, en su segundo intento, terminó con un vergonzoso 1,4 %. Parecía que sería su tumba política.
Pero no. A sabiendas de que en Argentina de todo se vuelve, jamás dejó la política. Se dedicó a saltar de uno a otro partido y, al igual que Cavallo, se convirtió en figura recurrente de la prensa antiperonista que no le recuerda ni cuestiona su breve y pernicioso paso por el Ministerio de Economía.
Este año fue su regreso triunfal, ya que, amparado en la coalición conservadora Juntos por el Cambio, que tiene en el expresidente Mauricio Macri a uno de sus líderes, López Murphy fue electo diputado nacional.
Fue rescatado por el macrismo, que entre sus filas tiene a otra exfuncionaria de De la Rúa que sobrevivió y se convirtió en una figura política realmente poderosa.
La mayoría de las encuestas aseguran que Patricia Bullrich es una de las políticas con mejor imagen del país.
Gran parte de su popularidad se debe a su estilo provocador, belicoso y confrontativo, alejado de cualquier corrección política; a su férreo y muchas veces violento antiperonismo y a que defiende premisas esenciales de la derecha, como el orden y la seguridad, así sea a costa de violaciones a derechos humanos como que policías repriman la protesta social o disparen por la espalda a menores de edad en sus operativos.
Bullrich ha sido una saltimbanqui ideológica y partidaria. Es difícil encontrar a un político argentino que haya tenido una trayectoria tan larga y oscilante. En los 70 fue militante de la guerrilla Montoneros. Ya en democracia militó en el peronismo y apoyó a Menem, pero luego se alejó y terminó formando parte del Gobierno de De la Rúa, en donde encabezó los ministerios de Trabajo y de Seguridad Social.
Su legado como funcionaria fue el recorte salarial de trabajadores públicos y de las jubilaciones y un aumento del desempleo del 15 % a más del 20 %.
Nada de ello le impidió continuar con una exitosa carrera. Deambuló por varios partidos y logró ser diputada a partir de 2007, hasta que en 2015 Macri la reivindicó por completo al designarla como ministra de Seguridad. Gracias a su defensa de la "mano dura contra los delincuentes", se convirtió en una de las funcionarias más mediáticas y mejor valoradas.
Ya fuera del Gobierno, fue elegida como presidenta del PRO (el partido de Macri), comenzó a correrse de la derecha hacia la ultraderecha y se convirtió en una de las principales voces opositoras al presidente Alberto Fernández y la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, a quienes suele denostar de forma cotidiana y agresiva.
Por eso hoy es una de las firmes precandidatas presidenciales rumbo a las elecciones presidenciales de 2003.
Los medios y periodistas amigos, que son los más famosos y ricos del país, jamás le recuerdan su complejo y contradictorio pasado político.
No es el único caso.
Durante el Gobierno de De la Rúa, Hernán Lombardi fue ministro de Turismo, Cultura y Deportes, y Federico Sturzenegger, secretario de Política Económica, cargo que le permitió ser artífice del megacanje de deuda del 2001 que fue investigado por la Justicia, lo que no obstaculizó su carrera política.
Después de la hecatombe delarruista en la que participaron, ambos fueron convocados por Macri, quien en 2007, cuando ganó la jefatura de Gobierno de Buenos Aires, designó a Lombardi como ministro de Cultura y a Sturzenegger en la presidencia del estatal Banco Ciudad.
Ocho años más tarde, al inicio de su presidencia, Macri llamó a Lombardi para encabezar el Sistema Federal de Medios y Contenidos Públicos, mientras que Sturzenegger encabezó el Banco Central, desde donde aplicó políticas monetarias que muy pronto demostraron su fracaso.
En junio de 2018, Sturzenegger renunció con una carta en la que reconoció que ya no tenía credibilidad. Desde entonces todavía no ha vuelto a ocupar cargos públicos, a diferencia de Lombardi, uno de los militantes macristas más fieles que este año ganó una diputación.
No deja de ser paradójico que estos y otros dirigentes hayan repetido la historia, ya que defendieron, se aliaron o formaron parte de dos gobiernos (De la Rúa y Macri) que dejaron en peores condiciones económicas y sociales al país, con más pobreza, devaluación, inflación y deuda. Y aun así, siguen sin mayor problema con sus carreras políticas.
Es más: sueñan con regresar al poder en 2023. Y pueden lograrlo porque en Argentina, a diferencia de lo que tanto aseguran, de todo se vuelve.
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