Argentina está a punto de enfrentar una profunda transformación en las condiciones del mercado laboral debido a una polémica reforma, propuesta por el presidente Javier Milei, que limita el derecho a huelga, vacaciones, pago de horas extra e indemnizaciones de los trabajadores.
La iniciativa, que el Gobierno presentó en diciembre del año pasado, fue aprobada el miércoles en el Senado en medio de fuertes disturbios y protesta social. Ya solo falta la ratificación en la Cámara de Diputados, lo que se prevé ocurrirá a finales del mes de febrero, al culminar el periodo extraordinario de sesiones.
Entre sus bancas propias y los aliados, el oficialismo cuenta con los votos necesarios para poner en marcha una reforma que ha generado un intenso debate debido a que, durante décadas, Argentina fue considerado como uno de los países latinoamericanos que ofrecía más derechos laborales.
Aprobada la Reforma Laboral en elSenado. Media sanción.42 votos afirmativos ✅30 votos negativos ❌Acá el detalle de los votos: pic.twitter.com/2px4rz1Om4
— Marian Herrera (@marianherrrera) February 12, 2026
Si la nueva ley se pone en marcha, las indemnizaciones serán más bajas porque solo se tomará en cuenta el salario y no se computarán aguinaldos, vacaciones ni ninguna otra prestación, como ocurre actualmente.
Además, si el patrón pierde un juicio laboral, podrá pagar las sentencias reparatorias en seis o 12 cuotas y no en un solo importe, que es lo que le convenía al trabajador afectado.
¿Verano sin vacaciones?
Por otra parte, el instrumento modifica la Ley de Contrato de Trabajo —que actualmente establece un periodo mínimo vacacional de 14 días corridos— para permitir que sea fraccionado en dos periodos de siete días.
En el proyecto de ley también se elimina la obligatoriedad de que los trabajadores descansen entre el 1 de octubre y el 30 de abril, lo que se estableció anteriormente para que pudieran disfrutar de su tiempo libre en el verano austral.
Ahora, en cambio, el empleador podrá autorizar las vacaciones a lo largo del año acorde con sus necesidades de rotación, y solo estará obligado a otorgarlas en verano cada tres años.
Los empleadores tampoco tendrán que pagar horas extra, puesto que se creará un 'banco de horas'. Bajo ese mecanismo, se permitirá que el tiempo adicional quede como "saldo a favor" del trabajador, que lo cobrará con días libres o jornadas reducidas, no con dinero.
Esa modificación implica un cambio meridiano, ya que en la actualidad cada hora extra se paga con un 50 % más de lunes a viernes, y un 100 % en feriados y fines de semana.
Como parte de esas nuevas medidas, el horario laboral también sufrirá cambios. Actualmente, la ley establece un máximo de 48 horas a la semana, con un límite diario de ocho al día, siempre que no sean labores de riesgo en las que se aplican jornadas reducidas.
No obstante, aunque el límite máximo semanal se mantiene, bajo los parámetros que fija la propuesta legislativa, la jornada podría extenderse hasta 12 horas diarias.
¿Y la huelga?
El proyecto limita el derecho a huelga porque aumenta la lista de servicios esenciales, que deben tener siempre una prestación mínima del 75 %. Hasta ahora se refería a salud, producción y distribución de agua potable, energía eléctrica y gas y el control del tráfico aéreo, pero si se aprueba la ley, incorporarán los sectores de telecomunicaciones, aeronáutica comercial, control de tráfico portuario, servicios aduaneros y migratorios.
Las fuerzas de Seguridad, en tanto, no tendrán derecho a huelga porque en todo momento deberán prestar el 100 % del servicio.
Otra novedad es la creación de la categoría 'servicios de importancia trascendental', que deben funcionar al menos en 50 %. Se incluyen la industria de medicamentos, el transporte y las comunicaciones, así como otros sectores claves como las siderúrgicas, las cementeras, la construcción, los aeropuertos, la minería, entre otros.
Para realizar asambleas, los trabajadores sindicalizados tendrán que pedirle autorización a los empleadores y ese tiempo se les descontará de su salario. Además, los bloqueos o tomas de fábricas se convertirán en "infracciones muy graves".
De esta forma, la huelga dejará de ser una medida de presión de los trabajadores en defensa de sus derechos ya que, además de que no podrán paralizar por completo la actividad, quedarán expuestos a descuentos salariales y sanciones legales.
