¿Fraude electoral? La 'anomalía' que provoca una investigación en España por compra de votos
En España se investiga un posible fraude electoral en la ciudad autónoma de Melilla, localizada al norte de Marruecos. Un juzgado de instrucción ha abierto diligencias a instancias de la Policía Nacional, en un proceso que se encuentra bajo secreto de sumario.
Las sospechas se han levantado por el inusual incremento de solicitudes de voto por correo, algo que también provocó que la Junta Electoral de Zona (JEZ) tomara una decisión inédita: los ciudadanos que hayan solicitado el sufragio bajo esta modalidad deberán identificarse con su documento de identidad en la oficina postal para poder entregar el sobre.
La decisión se tomó tras una reunión extraordinaria celebrada el miércoles, como explicó en una entrevista radiofónica el magistrado Miguel Ángel García Gutiérrez, presidente de la JEZ.
🔴Exclusiva en nuestros micrófonos 🎙️Miguel Ángel García Gutiérrez, Presidente de la Junta Electoral de Zona y magistrado juez del Juzgado de Instrucción 5 de Melilla, nos explica cómo se ha llegado a la resolución definitiva de presentar el DNI para votar por correo pic.twitter.com/u5WlSY276o
— Cadena SER Melilla (@CadenaSerML) May 18, 2023
La normativa actual indica que es necesaria esa identificación para solicitar el voto por vía postal, pero no para entregar con posterioridad la papeleta elegida, algo que se corrige de manera extraordinaria en esta ocasión.
Las solicitudes de voto por correo llegan al 20 % del total
El próximo domingo 28 de mayo, 61.126 melillenses están llamados a las urnas para elegir a los miembros de la Asamblea de Melilla, que constituye a la vez parlamento regional y ayuntamiento. La cita coincide con las elecciones municipales que se desarrollarán en toda España, así como los comicios regionales en 12 de las 17 comunidades autónomas del país.
Sin embargo, en esta ocasión la cita llega envuelta en la polémica debido a que las solicitudes de voto por correo en Melilla se han disparado en relación con las cifras de los comicios inmediatamente anteriores, lo que materializa la posibilidad de que pudiesen existir irregularidades a juicio de la JEZ.
Así, este año estas solicitudes de voto han superado las 11.000, casi un 20 % del total, lo que supone más del doble que en los comicios municipales de 2019, muy lejos de la media nacional, que es del 2,84 %.
Este gran incremento ha puesto en alerta a las fuerzas policiales. A esto se suma el hecho de que en la última semana se han producido al menos cinco asaltos a carteros para robarles papeletas de voto, lo que ha abocado a que estos trabajadores sean escoltados por agentes policiales.
Desde hace años, sin embargo, se sospecha de la existencia de redes de compra de votos en la ciudad autónoma.
El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, calificó de "muy graves" estos hechos "en caso de confirmarse". "En este sentido, pondremos nuestra máxima dedicación a esclarecer estos hechos bajo la dirección de la autoridad judicial", dijo el martes en los pasillos del Congreso.
Entre 50 y 150 euros por voto
El modus operandi que los investigadores habrían documentado en anteriores ocasiones consistía en que los líderes de las tramas, generalmente políticos, mandan a delincuentes comunes a recoger los votos de familias vulnerables en barrios desfavorecidos, generalmente a cambio de dinero u otras prebendas, y después los entregan en correos.
Las pesquisas policiales apuntan a que se suele pagar entre 50 y 150 euros por un voto, o bien ofrecer ayudas o subvenciones públicas a las que tienen acceso los delincuentes, en función del cargo político que esperan obtener.
Condenados por compra de votos
Estas prácticas llevan años investigándose. Los principales partidos que se presentan a las elecciones son el Partido Popular (PP), que actualmente tiene diez representantes; Coalición por Melilla (CpM), con ocho; y el Partido Socialista (PSOE), con cuatro.
El presidente de Coalición por Melilla, Mustafa Aberchán, fue condenado por la compra de votos hace años –está inhabilitado y no se presenta a estos comicios–, al igual que el exsecretario general del PSOE en esa zona, Dionisio Muñoz Pérez. En el PP también fueron juzgados dos de sus cargos por el mismo delito, aunque finalmente resultaron absueltos.
Más de 30 sospechosos identificados
La investigación maneja indicios de la participación de entre 30 y 50 sospechosos identificados, según fuentes manejadas por la Cadena Ser, que formarían parte de una estructura mafiosa. Aparentemente, en la red no solo ofrecerían dinero por el voto, sino que también utilizarían las amenazas y las coacciones contra quienes no accedieran a la práctica ilegal.
Las pesquisas se centran en Coalición por Melilla, aunque también apuntarían a algún otro partido. Teniendo en cuenta que en esa ciudad suelen votar poco más de la mitad del censo electoral, aproximadamente 33.000 personas, el fraude podría suponer casi un tercio del electorado real, suponiendo entre 6 y 8 diputados, del total de 25 que componen la Asamblea melillense.
La delegada del Gobierno en Melilla, Sabrina Moh Abdelkader, ha indicado que las investigaciones se desarrollan en torno a los puestos fronterizos. "Un tercio de esta Asamblea podría estar ahora mismo en el voto por correo, y por lo tanto, es algo grave", ha dicho en una entrevista en la televisión pública.