Estas son las principales novedades de la Ley de Memoria Democrática que entra en vigor en España

Este viernes ha entrado en vigor en España la ley de Memoria Democrática. Después de casi 50 años de la muerte del dictador Francisco Franco, por primera vez una ley pone a las víctimas de la guerra civil y el franquismo en el centro y condena un régimen dictatorial que duró casi cuatro décadas.

La normativa engloba un buen puñado de novedades, desde la salida de los restos de figuras destacadas del franquismo de lugares preeminentes a la resignificación del Valle de los Caídos y su cambio de nombre, pasando por el reconocimiento a las víctimas de sus derechos a la verdad, a la justicia, a la reparación y a la no repetición.

Exhumación de figuras preeminentes

La nueva legislación no permite que las figuras representativas del franquismo se encuentren enterradas en lugares destacados, por lo que el ministro de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, Félix Bolaños, ya avanzó a principios de este mes que se exhumarían los restos de José Antonio Primo de Rivera y del general Queipo de Llano.

El primero, fundador de la Falange Española y considerado uno de los ideólogos del régimen franquista, se encuentra enterrado frente al altar mayor de la basílica del Valle de los Caídos desde el 30 de marzo de 1959. A diferencia de lo que sucedió con la exhumación de Franco, la familia de Primo de Rivera ya ha solicitado los permisos oportunos para trasladar los restos de su familiar antes de que el Valle se convierta en un cementerio civil.

Por su parte, el general Queipo de Llano, que fue uno de los principales líderes del golpe de Estado contra la República perpetrado en 1936, se encuentra en la basílica de la Macarena de Sevilla desde el 10 de marzo de 1951.

Resignificación del Valle de los Caídos

El monumento del Valle de los Caídos fue una gigantesca construcción con la que Francisco Franco intentó mantener viva la memoria de su victoria en la guerra civil, según recoge el preámbulo de la ley que entra hoy en vigor, por lo que observa la necesidad de convertir este espacio en "un eje fundamental de la resignificación democrática".

Así, en este lugar solo podrán encontrarse restos mortales de combatientes de ambos bandos de la guerra civil, convirtiéndose en un lugar "de reconocimiento, conmemoración, recuerdo y homenaje" a esas víctimas de la contienda.

El lugar deja de llamarse desde hoy Valle de los Caídos, para pasar a denominarse Valle de Cuelgamuros. Además, se establece la prohibición de llevar a cabo homenajes a la dictadura franquista: "En ningún lugar del recinto podrán llevarse a cabo actos de naturaleza política ni de exaltación de la Guerra, de sus protagonistas o de la dictadura", se recoge.

Asimismo, se declara extinguida la Fundación de la Santa Cruz del Valle de los Caídos, puesto que resultan "incompatibles sus fines con los principios y valores constitucionales".

Reivindicación de la transición y condena de la dictadura

El texto de la nueva ley condena por primera vez en una legislación española el golpe de Estado, la consecuente guerra civil y la posterior dictadura, mientras que reivindica expresamente la Transición de la dictadura a la democracia y la defensa de los valores democráticos.

Según ha explicado en diversas ocasiones Bolaños, esta ley pone en el centro a las víctimas, sitúa al país al nivel de otras democracias europeas y supone "pasar definitivamente página de la etapa más negra" de la historia española.

Para ello, se establece la obligación de retirar vestigios franquistas, la extinción de fundaciones que hagan apología del franquismo o que realicen actividades que supongan menosprecio o humillación a las víctimas, y, por primera vez también, establece un régimen sancionador con multas.

Las víctimas en el centro

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Las víctimas de la guerra civil y del franquismo tienen un papel muy destacado en el texto de la nueva norma, que reconoce el derecho tanto de las familias como de la sociedad a conocer la verdad de lo sucedido durante ese periodo histórico. Además, garantiza la preservación de los documentos y el acceso a los archivos.

Por primera vez se recoge una reclamación histórica de los familiares y allegados de las víctimas: el Estado asume el liderazgo en la búsqueda e identificación de las personas desaparecidas, así como el impulso de las exhumaciones. Para facilitar esta labor, se crea un banco nacional de ADN de víctimas de la guerra y la dictadura.

Se establece el derecho a la investigación de las violaciones de derechos humanos que tuvieron lugar hasta la promulgación de la Constitución Española en 1978 y se impulsa la creación de una Fiscalía de Sala de Derechos Humanos y Memoria Democrática.

También se recoge la necesidad de realizar una auditoría y un inventario de los bienes incautados y las sanciones económicas impuestas durante la guerra civil y la dictadura. 

Otra de las novedades es la inclusión de contenidos relacionados con este periodo histórico en los planes de estudio de Educación Secundaria (entre los 12 y los 16 años) y en Bachillerato (entre los 16 y los 18 años), además de fomentar la investigación en esta materia.

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